El secretario de Economía consideró que aunque parezca "un chiste" las exenciones benefician "a los sectores de mayor poder económico de Mar del Plata”. Qué contribuyentes podrían perder esas ventajas.
Tras plantear el desafío llegar al “déficit cero en el menor tiempo posible”, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, anticipó ante la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante que propondrá “eliminar una gran cantidad de exenciones de tasas”, que “aunque parezca un chiste, benefician a los sectores de mayor poder económico de Mar del Plata”.
Como era de esperar el anuncio ya desencadenó múltiples especulaciones sobre su alcance.
Ante los concejales, Mourelle expuso este jueves su crítica visión sobre la composición del presupuesto local, asegurando que durante décadas distintos gobiernos generaron “capas y capas de beneficios que provocaron que hoy el municipio esté como esté”.
Según dijo, entre sus planes no figura achicar el gasto. Aseguró que su desafío consiste en reducir “la participación” dentro del presupuesto “de los sectores más privilegiados”, entre los cuales -de acuerdo a su opinión- no figuran justamente “los vecinos de Mar del Plata y de Batán”.
Dudas
Con estas declaraciones el funcionario generó dudas sobre cuáles serán los sectores, que en base a las “correcciones” que se avecinan, podrían tener que resignar algunos “beneficios”.
Se espera que algunas de las definiciones sobre este tema aparezcan dentro de pocos días, cuando la Secretaría de Economía eleve ante el Concejo Deliberante el proyecto de las ordenanzas fiscal e impositiva.
El texto establecerá cuáles serán los montos de las tasas y derechos para el ejercicio 2018, definiendo cuál será la distribución de la carga fiscal e impositiva entre todos los contribuyentes.
Aún no se sabe si por ejemplo, entre las correcciones previstas, Mourelle contempla revisar las fuertes reducciones de tasas y derechos que en pleno año electoral la gestión del intendente Carlos Arroyo les concedió a las empresas que explotan la publicidad en la vía pública.
Este año, además de flexibilizar las normas para la instalación de cartelería, el Ejecutivo impulsó rebajas de hasta el 95% en los derechos que pagan las empresas del rubro.
Pantallas de led
El caso más emblemático es el de las pantallas de led, por las cuales en 2016 las agencias abonaban 12.760 pesos por metro cuadrado, por cuatrimestre o fracción, para pasar a pagar en 2017 apenas 645 pesos.
Esa concesión, reconocida por algunos funcionarios como “el cumplimiento de una promesa de campaña del intendente Carlos Arroyo”, fue otorgada mientras que algunos otros contribuyentes de la Tasa de Servicios Urbanos sufrieron subas del 60%, 100% o hasta el 200% con respecto a lo que pagaban el año anterior.
Pero por el tenor de sus declaraciones se espera que además de revisar los montos de los tributos, el funcionario ponga en cuestión la continuidad de múltiples exenciones vigentes.
Al iniciar su gestión y declarar la emergencia económica, en 2016 el gobierno de Arroyo había anticipado una quita generalizada de esta clase de beneficios. Sin embargo esa medida no se aplicó, salvo por algunas excepciones.
En la actualidad existen múltiples empresas, comercios, sectores productivos, industrias e instituciones de distinto orden, entre ellas colegios profesionales y entidades deportivas, que están alcanzadas por beneficios que las eximen del pago de tasas y derechos.
El listado incluye, además de a las personas de escasos recursos, a las instituciones religiosas, las entidades de bien público, las entidades deportivas recreativas, las sociedades cooperativas y las asociaciones de fomento.
El régimen vigente también comprende a entidades gremiales y obras sociales, viviendas económicas o de interés social realizadas por planes oficiales, viviendas colectivas destinadas a empleados u obreros, industrias, conductores de vehículos oficiales, salas cinematográficas y teatrales, veteranos de guerra o conscriptos ex combatientes de Malvinas, complejos turísticos con base educativo-ambiental, centros de jubilados, pensionados y tercera edad; martilleros y corredores públicos; licenciatarias o prestatarias del servicio de gas natural; editoriales y medios gráficos, radiales y televisivos; titulares de motovehículos o familiares de personas desaparecidas.